El rechazo de un acuerdo de culpabilidad entre Boeing y el Departamento de Justicia (DOJ) por parte de un juez federal marca una victoria significativa para las familias de las víctimas del accidente del 737 Max. La decisión desafía los intentos de Boeing de resolver los cargos criminales relacionados con dos accidentes fatales en 2018 y 2019 que cobraron 346 vidas.
El juez del Distrito de EE. UU. Reed O’Connor del Distrito Norte de Texas desestimó el acuerdo, citando fallas en el proceso de supervisión del DOJ, incluyendo preocupaciones sobre cómo se seleccionaría a un monitor de seguridad independiente. «La confianza pública debe basarse en la competencia de este monitor, no en consideraciones externas», escribió O’Connor en una crítica mordaz sobre la gestión del caso por parte del DOJ.
El acuerdo propuesto habría permitido a Boeing declararse culpable de cargos de conspiración por engañar a la Administración Federal de Aviación (FAA) durante el proceso de certificación del 737 Max. A cambio, Boeing habría pagado una multa de 487 millones de dólares—muy por debajo de los 24.8 mil millones solicitados por las familias de las víctimas del accidente.
Los representantes de las víctimas aclamaron la decisión como un raro triunfo por la rendición de cuentas. Paul Cassell, un abogado de las familias, declaró: «Esta decisión es una victoria para las víctimas de delitos y un paso hacia la justicia para las 346 vidas perdidas.»
Los accidentes, que involucraron a Lion Air en octubre de 2018 y Ethiopian Airlines en marzo de 2019, se rastrearon hasta fallas en el sistema de piloto automático del 737 Max. Las investigaciones revelaron que Boeing retuvo información crítica de los reguladores, priorizando el ahorro de costos sobre la seguridad. Las repercusiones incluyeron demandas, un aterrizaje de aviones de 20 meses y un escrutinio generalizado de la cultura de seguridad de Boeing.
Los críticos argumentan que el acuerdo de enjuiciamiento diferido de 2021 aisló a Boeing de sanciones más severas. Erin Applebaum, otra abogada de las familias, lo calificó como un «acuerdo favorable» que no logró garantizar una responsabilidad duradera.
La decisión del juez O’Connor retrasa la resolución del caso, dando a Boeing y al DOJ 30 días para renegociar los términos. Muchos esperan que el próximo acuerdo incluya una supervisión más estricta y un mayor reconocimiento de las vidas perdidas.
La decisión también subraya las preocupaciones de seguridad en curso. El juez O’Connor citó un incidente reciente relacionado con una falla en el tapón de la puerta de un 737 Max como evidencia de medidas de cumplimiento insuficientes. Los abogados de Boeing expresaron su pesar, pero sostuvieron que engañar a la FAA no causó directamente los accidentes, una afirmación que las familias de las víctimas disputan firmemente.
Este fallo abre la puerta a nuevos esfuerzos para responsabilizar a Boeing, exigiendo reformas que podrían transformar el enfoque de la industria de la aviación hacia la seguridad y la responsabilidad corporativa.
