Un nuevo informe de investigación ha descubierto una tendencia preocupante dentro del Departamento de Educación de la administración Biden: un supuesto objetivo desproporcionado de las escuelas cristianas y vocacionales a través de acciones de cumplimiento. Los hallazgos, como se detalla en el American Principles Project (APP), revelan una sorprendente disparidad donde el 70% de las sanciones impuestas por la Oficina de Cumplimiento estaban dirigidas a estas instituciones, a pesar de que su representación constituye menos del 10% de las inscripciones universitarias.
«El Departamento ha apuntado a colegios y universidades cristianas con acusaciones infundadas, campañas de opinión pública sensacionalistas y sanciones egregias, con el objetivo de cerrar estas escuelas, que no se alinean con la agenda ‘woke’ de la administración», expresó Jon Schweppe, Director de Políticas en APP y autor del informe.
Un caso destacado en el informe son las multas récord impuestas a Liberty University y Grand Canyon University, que totalizan la asombrosa cifra de $51.7 millones. Este monto eclipsa todas las acciones de cumplimiento tomadas por el Departamento en los últimos siete años combinados, lo que plantea preguntas sobre sesgos y prácticas de cumplimiento selectivas.
Schweppe llamó la atención sobre el marcado contraste en las multas entre las instituciones cristianas y las universidades públicas involucradas en escándalos de alto perfil. Por ejemplo, Liberty University enfrentó una multa de $14 millones por supuestas violaciones de la Ley Clery relacionadas con los procedimientos de informes de delitos, mientras que Michigan State University recibió una multa significativamente menor por no informar sobre abusos sexuales cometidos por Larry Nassar.
El informe de la APP señala lo que percibe como un sesgo sistémico contra las escuelas cristianas en lo que respecta a las acciones de cumplimiento. A pesar de las negaciones del Departamento de Educación sobre cualquier influencia basada en la afiliación religiosa o el estatus de organización sin fines de lucro, los datos presentados en el informe sugieren lo contrario. Mientras que las multas promedio por violaciones de la ley de delitos en el campus entre todas las universidades se situaron en $228,571 durante la última década, las escuelas cristianas enfrentaron una penalización promedio de $815,000.
Schweppe condenó estas acciones de cumplimiento como nada menos que una guerra ideológica. «El Departamento de Educación de Biden-Harris ha estado involucrado en un esquema de larga data para castigar a las universidades cristianas que se oponen ideológicamente a la agenda de la izquierda», comentó.
A medida que las acusaciones giran en medio de llamados a audiencias de supervisión e investigaciones sobre las acciones del Departamento, surgen grandes interrogantes sobre las posibles motivaciones políticas detrás de estas penalizaciones. Con el presidente electo Donald Trump listo para introducir cambios en las políticas educativas federales, incluyendo una posible reestructuración o desmantelamiento de ciertos departamentos como Educación, las tensiones en torno a la gobernanza educativa están muy altas.
En este clima de contención y controversia, una cosa queda clara: las líneas de batalla se han trazado entre quienes abogan por una supervisión y responsabilidad imparcial en la aplicación de la educación y quienes condenan lo que consideran ataques dirigidos a instituciones que sostienen perspectivas ideológicas diferentes.
